Caso Curuguaty: violencia e ilegalidad

El abogado Hugo Valiente, experto en derechos humanos, explica la actual situación jurídica de la finca estatal que fue escenario del trágico desalojo ocurrido hace más de dos años. Recalca la ilegalidad que envolvió al operativo fiscal y policial que derivó en la Masacre de Curuguaty y explica por qué la tierra de Marinakue debe ser entregada a las comunidades campesinas, que la reclaman hace diez años.

Las tierras deben ser para las comunidades campesinas

El 15 junio de 2012, las familias y jóvenes que demandan las tierras estatales de Marinakue fueron víctimas de un violento desalojo. Conocido como Masacre de Curuguaty, el incidente nunca fue esclarecido por la justicia y resultó en la muerte de 6 policías intervinientes y 11 campesinos. Dos días después, el entonces presidente de la República fue removido de su cargo por el Congreso, en un cuestionado procedimiento de juicio político que duró menos de 24 horas.

El caso de acaparamiento de tierras detrás de la violencia tiene lugar al este de Paraguay (hacia la frontera con Brasil), la zona de mayor producción de soja del país. La disputa por la finca estatal de Marinakue, ubicada en el municipio de Curuguaty, ha dejado a 140 familias sin tierra. Del total, 75% de las familias están encabezadas por jóvenes menores de 30 años que, al quedarse sin tierra, pierden sus medios de vida, su lugar para vivir y cultivar y por tanto, la oportunidad de construir un futuro en su comunidad.

Actualmente, la empresa que registró de forma irregular las tierras a su nombre sigue reclamando la finca Marinakue como suya, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia recientemente se ha pronunciado en contra de sus acciones legales. Desde fines de abril, una campaña internacional impulsada por Oxfam y la Articulación Curuguaty, junto a las comunidades afectadas, pide al presidente Horacio Cartes que entregue las 2.000 hectáreas de tierra estatal, conocidas como Marinakue, a campesinas y campesinos “sin tierra” que las demandan desde hace 10 años. Más de 30.000 personas de todo el mundo ya firmaron la petición en línea.

Hugo Valiente:  Abogado por la Universidad Nacional de Asunción, especializado en derechos humanos. Fue coordinador del equipo de investigación del Informe de Derechos Humanos sobre el caso Marina Kué, publicado en 2012, y del Informe Chokokue. Ejecuciones y desapariciones en la lucha por la tierra en el Paraguay (1989-2013), publicado en 2013, ambos por la Codehupy.
Oxfam en Paraguay