Desigualdad en la distribución de ingresos

El analista Ricardo Rodríguez Silvero, es consultor en temas económicos, sociales y medio ambientales, explica por qué aumentar la inversión pública es fundamental para el desarrollo del país. 

Mayor inversión pública para el desarrollo

El principal problema del Paraguay contemporáneo tiene doble cara: por un lado la pobreza, y por otro la desigualdad en la distribución de los ingresos. El país es uno de los más pobres del planeta en términos relativos y en términos de desigualdad probablemente esté también entre los peores del planeta. La situación de Paraguay es comparable también a la de nuestros países vecinos, como Brasil y Bolivia- y de algunos países centroamericanos.

Es importante señalar que el Paraguay goza de estabilidad macroeconómica ya desde hace 10 años, con sistemático superávit en el presupuesto público hasta 2012, con oferta monetaria bajo control, con estabilidad de precios (la inflación es relativamente baja)  y con un tipo de cambio previsible, además  con ofertas de crédito cada vez mejores en términos de plazos y tasas de interés.  ¡Últimamente hasta tenemos acceso a créditos blandos a nivel local!

Sin embargo, a pesar de esa estabilidad y solidez macroeconómica, con un crecimiento del producto interno que, aunque a veces sufre de altibajos,  en promedio está ya en un 6% anual -más que triplicando el crecimiento poblacional de 1,7% anual-, lo grave es que la pobreza permanece con grandes magnitudes. La pobreza en sentido amplio disminuye ligeramente en años de aumento del PIB, pero la pobreza extrema, la más preocupante, permanece igual o incluso aumenta en términos relativos.

Y como si fuera poco, el medio ambiente está en caos. Literalmente hemos perdido la continuidad boscosa en el país, y hoy tenemos apenas una fracción de los bosques de hace unas décadas y la reforestación es mínima. A eso se suma la altísima polución del agua, aire y suelo.

Las causas fundamentales de la situación económica y social actual se encuentran en las políticas públicas y privadas que no han podido todavía articular consenso en términos de política fiscal y monetaria en dirección al desarrollo sostenible. Es decir, un régimen económico, social y medio ambiental que asegure los recursos actuales, humanos y presupuestarios, de forma tal que se hallen en igual o en mayor y mejor disposición para las generaciones futuras. Ese desarrollo sostenible es definido no sólo de cara al desarrollo interno del país, que debe ser más equitativo e inclusivo, sino también de cara a la integración económica internacional, en igualdad de oportunidades.

Tales políticas públicas y privadas no han podido ser encauzadas todavía en dirección al así definido desarrollo sostenible porque la clase político-partidaria aún no ha podido articular mayorías legislativas coherentes con él, en ambas cámaras del Congreso Nacional. En Estado de Derecho, toda reforma de políticas públicas y privadas pasa por la sanción y promulgación de leyes. Por otro lado, el Poder Judicial, encargado de cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico que surge de las mismas, aún se halla sumido en corrupción e incompetencia. Con mayorías legislativas en el Congreso y sin una justicia honesta y competente, es difícil la consecución de objetivos hacia el desarrollo sostenible.

Por otro lado, el desarrollo espontáneo que tiene lugar en el país al margen o paralelamente a la planificación de políticas públicas y privadas, en este contexto termina empeorando la pobreza y la desigualdad en la distribución de los ingresos.

Oxfam en Paraguay