Un año de la masacre en Curuguaty

Por José Tomás Sánchez

Factores desencadenantes

La Masacre de Curuguaty es un proceso que se fue alimentando desde varios lugares, hasta que estalló.

El tema de la lucha por la tierra en Paraguay; por el derecho constitucional a acceder a un pedazo de tierra y a que se desarrolle un proceso de reforma agraria. Con campesinos que principalmente desde la frontera con Brasil van perdiendo tierras ante el avance del modelo agroexportador de soja y carne, que no necesita gente en las áreas rurales. Esa tensión se fue acumulando y dio lugar a que el movimiento campesino utilice casi como única estrategia de recuperación de tierras o de impulsar la reforma agraria por sí mismos, la ocupación directa.

La necesidad histórica de la participación política de los sectores populares que siempre ha sido vetada. En los años del gobierno de Lugo se da cierta participación de ellos en las mesas de negociaciones, las gestiones de proyectos, y van constituyéndose básicamente como actores políticos.

El Estado stronista (en alusión a los 35 años de dictadura de Alfredo Strossner ) que no ha sufrido cambios muy importantes desde su caída en 1989. Si bien garantiza mínimamente la participación política o la capacidad de organización política, alguna libertad de expresión y de prensa;  todavía no se ha modificado en cuanto a su capacidad de incluir a nuevos actores dentro de lo que es la gestión pública, que en un país democrático tiene en cuenta a todos los actores sociales y políticos. Un Estado autoritario, discrecional, funcional a las mafias, que llegó a su punto de máxima elasticidad durante el gobierno de Lugo y abrió las puertas a pensar nuevas modalidades de gestión pública, de participación de los diversos actores, de ir dejando como único centro de la democracia la participación electoral para ir involucrándose de modo distinto: desde la gestión pública hasta la manifestación, el reclamo, la contestación pública.

Una participación política desorganizada. En el ámbito urbano múltiples personas y organizaciones fueron saliendo a las calles para reclamar, por ejemplo al Congreso, que revea proyectos aprobados. El llamado After Office Revolucionario, una manifestación convocada en mayo de 2012 a través de las redes sociales, que reunió a más de 5 mil personas, fue muy novedoso en la política y la democracia paraguaya. Y tuvo el apoyo de los medios de comunicación para cambiar ciertas normas que afectaban directamente al financiamiento de los partidos políticos tradicionales, porque se trataba de los recursos destinados  al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para la contratación de operadores políticos.  El TSJE es el órgano que dirige y fiscaliza el registro electoral y que administra los recursos asignados en el Presupuesto General de Gastos de la Nación para fines electorales.

Casi  simultáneamente, campesinos y campesinas reivindicaban la reforma agraria. Si bien las organizaciones campesinas tradicionales respondieron con cierta lentitud, ellos encontraron un espacio en lo que se conoció como la Liga Nacional de Carperos. Así, se dieron ocupaciones de tierras de ciertos grandes propietarios que, de acuerdo a las denuncias de los campesinos, eran destinadas a reservas en la franja fronteriza.

Mientras se daban estos fenómenos de manifestación y reclamo de la cuestión pública, se incomodaba la clase política tradicional y conservadora.

Pero ¿qué pasó en Curuguaty?

Se produjo una ocupación campesina de tierras del Estado ganadas de manera fraudulenta por Blas N. Riquelme, en alianza con este Estado stronista mafioso, ya que el Poder Judicial, la Fiscalía, permitió que se legalice ese robo de tierras públicas, y posteriormente la policía realizó los desalojos entre el 2004 y el 2012.

Antecedentes de las tierras

Blas N. Riquelme, dueño de Campos Morombí, que tiene en la zona unas 70.000 hectáreas de tierra, las había comprado de la Industrial Paraguaya, una empresa gigantesca de fines del siglo XIX. Luego la Industrial Paraguaya donó 2 mil hectáreas al Estado. Y en 1967, decreto mediante, el Estado acepta la donación destinando las tierras a un destacamento de la Armada Nacional, que funcionó allí hasta 1999. Por eso, después de muchos años hoy se conoce el lugar como Marina Kue (que significa “Donde estuvo la Marina”).

En el 2004 los campesinos solicitaron al Estado que esas tierras sean destinadas a la Reforma Agraria y siguieron todo el proceso legal – formal. Ya entonces, denunciaban que Riquelme explotaba y deforestaba las tierras ilegalmente. Un año después, el Presidente Duarte Frutos mediante un decreto destinó las tierras al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) y las declaró de interés social para la Reforma Agraria. Entonces los campesinos del lugar, las organizaciones de otros lugares, el INDERT, las autoridades locales, discutieron y analizaron cómo usar las tierras. Luego se realizó una mensura y se notificó a las propiedades vecinas. Entonces, Campos Morombí  comenzó las acciones ante la justicia “a la velocidad de la luz” (en Paraguay la Justicia es muy lenta y cara). Riquelme, de la mano de un juez, afirmó haber ocupado esas tierras desde 1970 y de esta manera justificó un juicio de Usucapión a la Industrial Paraguaya, quien respondió que ya habían donado esas tierras al Estado. A lo largo de la investigación se encontraron notas de la Armada dirigidas a Campos Morombí, de Riquelme, en las que se evidencia que el Estado paraguayo efectivamente ocupaba la propiedad en cuestión.

Con la impresión de que la Fiscalía y los representantes del Sistema de Justicia en esa localidad estaban confabulados, los campesinos se vieron en una situación de despojo porque los poderes del Estado no funcionaban. En aquel momento, ocuparon las tierras de Marina Kue para salvaguardar sus intereses y los del Estado paraguayo. En enero de 2012 luego del desalojo fueron imputados numerosos dirigentes  que no pertenecían a organizaciones campesinas tradicionales.

El día de la Masacre

En junio, un grupo más pequeño de campesinos hizo una nueva ocupación de Marina Kue. De ahí que el 12 de junio de 2012 una fiscala liderara un operativo fiscal policial con una orden de allanamiento sobre 108.000 hectáreas, que en la lista de fincas incluye la de Marina Kue, cuyo título no tiene Riquelme y es propiedad del Estado.

Un elemento extraño fue la orden de allanamiento. Lo otro fue que la Policía entró y la Fiscala quedó afuera. Los policías, según se concluye luego de realizarles entrevistas verbales, tenían la orden de allanar. Y los campesinos sabían que Riquelme no tenía el título, por lo que estaban más firmes en su posición.

Delimitaron una zona de negociación en el campamento, en el que había familias. La policía atropelló esa línea, los campesinos se sorprendieron, se dieron vuelta y la policía les llegó por dos frentes, además con su helicóptero y la Agrupación Montada. Los policías tenían fusiles de asalto de guerra y más que  entrar a negociar, o a hacer el allanamiento, atropellaron. Los campesinos continuaban exigiendo el título que no había y se dieron los  disparos. Murieron ahí campesinos y policías.

Luego de la Masacre: Un estado stronista que abusa y acusa a los campesinos

Después se dio un abuso policial de una envergadura tal que no se veía desde la dictadura. Torturas, ejecuciones arbitrarias, abusos policiales, venganzas locales, abusos con los cuerpos de los vivos y de los muertos, que se recogieron en bolsas de plástico para enviarlos a la morgue en Asunción y luego fueron devueltos a las familias en estado de putrefacción. Esos abusos continuaron en la investigación fiscal, con amenazas a los presos e imputaciones de todos los civiles presentes. De esta manera se aterrorizó a todos y se anuló la presencia de testigos civiles en el proceso, porque quien es imputado no puede ser testigo.

E l fiscal defiende una sola hipótesis: “los campesinos hicieron una emboscada  para asesinar a los policías”. Pero no abrió otras como la de los francotiradores; no incluye entre las pruebas los casquillos de balas de fusiles, no abrió una sola investigación sobre la conducta policial.  Los cuerpos de los muertos fueron movidos, los campesinos fueron víctimas de robos e incendios… Pero esto no ha sido materia de investigación.

Una oportunidad para el Golpe Parlamentario

A eso sigue un oportunismo político de sectores políticos conservadores y económicos poderosos, que  veían en Lugo no la radicalidad de un proceso progresista, sino la posibilidad de que se comiencen a discutir ciertas situaciones como la desigualdad en el acceso a la tierra.

A diferencia de otras ocupaciones de tierra, en ésta murieron policías. Eso generó toda una conmoción de la derecha. También murieron muchos campesinos bajo un gobierno con algún tinte popular, y esto generó conmoción en la izquierda y los movimientos sociales. Entonces se dio una parálisis que fue aprovechada por sectores  conservadores, con una sobrerrepresentación en el Parlamento, para tumbar a un gobierno electo por el pueblo.

Y, lo que primero se dio con las víctimas de Curuguaty, se repitió con la propia figura del presidente Lugo. La Constitución Nacional dice que cualquier persona que va a sufrir una sanción, penal o no, tiene que  pasar por un debido proceso que incluye ver las pruebas de las que se le acusa, tener derecho a la defensa, cosa que no se dió con Lugo en el juicio político. Llevaron la discrecionalidad política e institucional a tal extremo que en el libelo acusatorio expresaron que “estos hechos públicos no necesitan ser probados”.

El juicio político se inició el 21 de junio en la Cámara de Diputados, que hizo la acusación, y el 22 de junio, luego de 2 hs de derecho a la defensa, la Cámara de Senadores lo destituyó por mal desempeño de sus funciones.