Preocupación internacional

Parlamentarios españoles piden solución al conflicto de Curuguaty

Las acciones de incidencia contra el acaparamiento de tierras en Paraguay continúan en España, Estados Unidos y otros países de Europa y Latinoamérica. Al día de hoy, más de 35.000 personas han firmado la petición al presidente Horacio Cartes para que entregue la tierra pública de Marinakue a familias campesinas sin tierra, afectadas por el desalojo violento conocido como Masacre de Curuguaty.

Legisladores del Congreso de Diputados de España enviaron al presidente Horacio Cartes una carta donde solicitan “su compromiso para encontrar una solución al conflicto de Curuguaty, asegurar las garantías para la celebración de un juicio justo y la ejecución de un plan de recuperación de tierras públicas para la reforma agraria”. La solicitud está firmada por el diputado Carles Campuzano del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) y cinco parlamentarios más de diferentes fuerzas políticas: Grupo Parlamentario Socialista (PSOE), Grupo Parlamentario Popular (PP), Grupo Parlamentario Vasco (PNV), Grupo Parlamentario de Izquierda Plural (IU) y Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia (UPyD).

Con la misma preocupación, 22 parlamentarios de las comunidades autónomas españolas de Madrid, Cataluña y Galicia enviaron misivas al mandatario paraguayo, manifestando su apoyo a la campaña internacional “Jóvenes sin tierra = Tierra sin futuro”, promovida en España por activistas de la organización Oxfam Intermón. La campaña ‒impulsada por las comunidades afectadas, la Articulación Curuguaty y la ONG internacional Oxfam‒ exige al presidente que entregue la tierra pública de Marinakue a las familias y jóvenes del caso Curuguaty, quienes desde hace más de 10 años demandan legítimamente al Estado tierra para cultivar.

“En 2004, la finca de Marinakue (2.000 hectáreas) que debía ser destinada a la reforma agraria, fue adjudicada a una empresa que posee más de 70.000 hectáreas en la zona”, señalan las cartas de autoridades electas, enviadas desde España al presidente Horacio Cartes en referencia al conocido caso de acaparamiento de tierras. Las familias y jóvenes que demandan las tierras de propiedad estatal fueron víctimas de un violento desalojo el 15 junio de 2012 en Marinakue, conocido como Masacre de Curuguaty, que resultó en la muerte de 6 policías intervinientes y 11 campesinos pero no fue esclarecido aún por la justicia.

Donadas al Estado paraguayo en 1967, las tierras de Marinakue permanecen en poder de una empresa latifundista dedicada al cultivo de soja, que registró la propiedad a través de un proceso judicial fraudulento. El caso de acaparamiento de tierras en cuestión tiene lugar en el departamento de Canindeyú, frontera con Brasil, la zona de mayor producción de soja del país y escenario frecuente de crímenes vinculados al narcotráfico y otros negocios ilegales.

Por otro lado, en Estados Unidos, el Committee on US-Latin American Relations (CUSLAR) con sede en la Cornell University de Ithaca, New York, realiza acciones de incidencia y difusión del caso Curuguaty, en coordinación con Oxfam América. El CUSLAR fue fundado en 1965 y busca promover, entre estudiantes e investigadores, una mayor comprensión sobre América Latina y el Caribe y el papel de los EEUU en los asuntos sociales, políticos y económicos del hemisferio.

Representantes de la Asociación Yvy Ñande rekove y la Comisión Vecinal Naranjaty de Yvypyta, organizaciones que nuclean a la comunidad afectada, exigen una solución integral e inmediata al caso Curuguaty, a través de la entrega de las tierras de Marinakue para la reforma agraria. La disputa por esta finca estatal ha afectado a 140 familias campesinas, de las cuales 105 están encabezadas por jóvenes menores de 30 años que, al quedarse sin tierra, pierden sus medios de vida, y por tanto, la oportunidad de construir un futuro en su comunidad.

Notas para la edición:

El cuestionado juicio oral y público a campesinos procesados por el caso Curuguaty, postergado ya en una ocasión, está previsto para el 17 de noviembre. Numerosas voces locales e internacionales han denunciado que el proceso judicial de investigación de la masacre tiene varias irregularidades, siendo la principal que ningún policía o fiscal fue siquiera investigado, aunque existen indicios serios de que 9 campesinos fueron ejecutados por agentes de la policía durante el trágico desalojo. El episodio forma parte de lo que organizaciones de derechos humanos denominan “plan sistemático de ejecuciones en la lucha por el territorio campesino“, con 115 casos de dirigentes y miembros de organizaciones campesinas ejecutados y desaparecidos en Paraguay durante los últimos 25 años de gobiernos pos dictatoriales (1989-2013).

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Material audiovisual sobre Curuguaty y las familias víctimas del desalojo está disponible en los siguientes enlaces:

Para contactos de prensa: Carolina Thiede, Oficial de Comunicación de Oxfam en Paraguay. Móvil: +595 976 936671. Oficina: +595 21 602011. Email: lcthiede@oxfamintermon.org

Para mayor información:

Oxfam en Paraguay