Suman 30 mil firmas por Curuguaty

A pesar de las 30.000 firmas que lo solicitan, autoridades paraguayas siguen sin otorgar una respuesta efectiva a la población campesina afectada por el conocido caso de acaparamiento de tierras, que originó el violento desalojo de junio de 2012 donde fallecieron seis policías intervinientes y once campesinos. La campaña internacional “Jóvenes sin tierra = Tierra sin futuro” exige al presidente Cartes que entregue la tierra pública de Marinakue a las familias y jóvenes del caso Curuguaty.

Más de 30 mil personas exigen a Horacio Cartes tierra para familias campesinas de Curuguaty

Organizaciones sociales urgen la reactivación de las conversaciones lideradas por el titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), sobre el proceso de recuperación de la tierra denominada Marinakue, ubicada en Curuguaty, departamento de Canindeyú. La Asociación Yvy Ñande rekove y Comisión Vecinal Naranjaty de Yvypyta, junto a la Articulación Curuguaty y Oxfam en Paraguay, han solicitado el jueves pasado una audiencia al presidente del INDERT, Justo Cárdenas, y esperan pronta respuesta.

En mayo pasado, esta dependencia gubernamental encargada de implementar la reforma agraria, confirmó a través de un comunicado que Marinakue es propiedad del Estado y que el INDERT «busca afanosamente una solución integral a la problemática» de la población campesina afectada. Sin embargo, las organizaciones que dan seguimiento al caso afirman que nada se ha avanzado desde entonces. Por su parte, ya en abril de 2014 la Corte Suprema de Justicia se pronunció en contra de las acciones legales de una empresa sojera, que desde 2004 intenta apropiarse de las tierras a través de un irregular proceso judicial.

En junio se cumplieron dos años del episodio conocido como Masacre de Curuguaty, que derivó en el juicio parlamentario al presidente Fernando Lugo y su inmediata destitución. Las familias campesinas afectadas siguen reclamando el esclarecimiento de esos hechos, un juicio justo para los campesinos imputados tras el desalojo y el acceso a las tierras en disputa, que demandan desde hace diez años a través del trámite administrativo previsto por el Estado para otorgar propiedades públicas disponibles a familias rurales sin tierra.

La solidaridad internacional que despierta el caso Curuguaty ya generó unas 30.000 firmas de adhesión a la petición, que exige al presidente Horacio Cartes la entrega de la finca Marinakue ‒unas 2000 hectáreas pertenecientes al Estado paraguayo‒ a jóvenes y familias campesinas. En el marco de la campaña “Jóvenes sin tierra = Tierra sin futuro”, grupos de personas voluntarias difunden las graves consecuencias del acaparamiento de tierras en el campo paraguayo, principalmente en ciudades de España, Estados Unidos y países de la región.

Sobre el impacto de la campaña internacional de recolección de firmas, la líder campesina Martina Paredes afirma estar contenta con el resultado alcanzado hasta el momento. «Cuando las personas llegan a conocer el caso Curuguaty y la situación de injusticia que vivimos en Paraguay, toman conciencia y nos apoyan. Esperamos ser cada vez más exigiendo la entrega de la tierra pública Marinakue, para así lograr el objetivo», declara.

Paraguay es uno de los países con el acceso más desigual a la tierra en todo el mundo. A las razones históricas que explican ese fenómeno ‒durante la dictadura militar fueron adjudicadas de manera fraudulenta 7.800.000 hectáreas de tierra‒ se suma la reciente expansión de la frontera agrícola debido al boom de la soja. Este modelo productivo profundiza la desigualdad, ya que las ganancias millonarias del agronegocio prácticamente no pagan impuestos: por los 30 millones de hectáreas de tierra productiva agropecuaria apenas se recaudan 0,16 dólares por hectárea y año.

La organización internacional Oxfam y la Articulación Curuguaty –agrupación de 40 organizaciones y colectivos paraguayos- llaman la atención sobre la demora del Gobierno paraguayo en responder a este grave caso de acaparamiento de tierra, cuando la comunidad afectada lleva más de diez años de lucha y sus referentes han sido víctimas fatales de la violencia estatal. Recientemente, las principales organizaciones y redes de la sociedad civil que trabajan a favor de la agricultura familiar y campesina en distintos países de Latinoamérica exigieron una solución urgente al presidente de Paraguay, vinculando a Curuguaty con otro caso paradigmático de acaparamiento de tierra: la expulsión de familias campesinas en el Valle de Polochic, Guatemala.

Notas para la edición:

Material audiovisualsobre Curuguaty y las familias víctimas del desalojo está disponible en los siguientes enlaces:

Voceros/as para entrevistas:

  • Oscar López, director de Oxfam en Paraguay. Móvil: 0972-227213
  • Martina Paredes, Asociación Yvy ñande rekove. Móvil: 0983-798267
  • Perla Álvarez, Articulación Curuguaty. Móvil: 0981-146575

Para contactos de prensa: Carolina Thiede, Oficial de Comunicación de Oxfam en Paraguay. Móvil: +595 976 936671. Oficina: +595 21 602011. Email: lcthiede@oxfamintermon.org

Para mayor información:

Oxfam en Paraguay